En un pronunciamiento reciente, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la situación de la Fiscalía General del Estado, haciendo un llamado urgente a que se convoque lo más pronto posible al proceso de selección de su nueva autoridad máxima. La defensoría subrayó la importancia de "preservar el normal ejercicio de sus funciones" dadas las circunstancias que enfrenta el país.
La Defensoría solicitó, específicamente, que la Asamblea Legislativa Plurinacional active los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado, en su artículo 161, numeral 8, que contempla el proceso de selección del Fiscal General.
Este organismo enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen dentro de sus atribuciones para evitar dilaciones en el concurso público que dará lugar al nuevo Fiscal General. La convocatoria debe seguir estrictamente lo que indica el artículo 227 de la Constitución.
Además, la Defensoría hizo hincapié en que es crucial que se garantice la evaluación de la capacidad profesional y los méritos de los candidatos a través de un concurso público, así como que la designación sea realizada con el respaldo de dos tercios de los votos.
Con la definición rápida de la nueva autoridad del Ministerio Público, la Defensoría busca "fortalecer la continuidad de sus funciones" y así contribuir a la seguridad jurídica de la ciudadanía, proporcionando mayor certidumbre a quienes buscan protección.
Finalmente, la entidad se comprometió a realizar un seguimiento al proceso legislativo relacionado y exhortó a las instancias correspondientes a actuar "con celeridad, transparencia y responsabilidad" para contribuir al fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho.