La Defensoría del Pueblo ha confirmado que, a pesar de los recientes acontecimientos, la atención en las fiscalías de todo el país se mantiene con normalidad. Este informe fue proporcionado el 2 de octubre de 2026, tras las visitas realizadas por sus delegaciones en diferentes departamentos.
Durante las verificaciones, se observó que los fiscales y el personal de apoyo estaban cumpliendo con sus funciones adecuadamente en todo el territorio nacional. Además, se constató que se estaban recibiendo trámites y se atendían causas, garantizando el debido proceso y el acceso continuo a la justicia.
Este monitoreo se llevó a cabo luego de que Roger Mariaca, exfiscal general del Estado, fuera aprehendido por supuestos vínculos con una organización criminal, así como por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, según lo denunciado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Entre los detenidos se encuentran el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballo, y el fiscal superior, Martín Irusta. También han sido arrestados seis funcionarios públicos de la misma Fiscalía, quienes intentaban obtener información de la vivienda de Mariaca, y otros cuatro que estaban tratando de sacar dinero en efectivo en una ambulancia vinculada a la exautoridad.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, resaltó la importancia de la autonomía institucional del Ministerio Público, que no solo protege a la institución, sino también a los ciudadanos que están bajo investigación. La Defensoría enfatiza que es crucial preservar la continuidad en el funcionamiento del sistema de justicia.
Asimismo, la entidad hizo un llamado a las autoridades para que actúen con responsabilidad y en el marco de la ley, evitando cualquier acción que pueda interferir con el trabajo del Ministerio Público y que genere preocupación entre los ciudadanos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que estará realizando un seguimiento dentro de sus competencias para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto al Estado de Derecho en el país.
"Toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia", subrayó la Defensoría del Pueblo.