POLÍTICA

Gobierno pide colaboración a la ALP en la lucha contra el narcotráfico

José Luis Gálvez, vocero del gobierno, solicita a la Asamblea Legislativa Plurinacional su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de recientes aprehensiones relacionadas con el crimen organizado.

Por Belén Sarzuri · 2 de octubre de 2026

En una conferencia de prensa realizada en La Paz, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a unirse a los esfuerzos internacionales en la batalla contra el narcotráfico, en el marco de la iniciativa del Escudo de las Américas.

Gálvez, dirigiéndose a los miembros de la ALP, expresó: "Recomendamos sumarse en forma comprometida a la cruzada internacional que Bolivia está llevando adelante, al igual que los demás países que forman parte de esta alianza".

El vocero también hizo un llamado a los ciudadanos bolivianos, reafirmando que la lucha contra el crimen organizado no cesará y que se continuará enfrentando a todos quienes colaboren con estas actividades en la región.

Este pronunciamiento se produce tras la detención de 14 personas, entre las que figura el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. Por esta razón, la ALP decidió adelantar su sesión habitual del lunes para este viernes, donde se discutirán las acciones legislativas a seguir respecto a este caso.

Según los presidentes de ambas cámaras legislativas, Diego Ávila y Roberto Castro, en la sesión se establecerán las medidas a implementar y el proceso de fiscalización en relación con la aprehensión de Mariaca y otros implicados en casos de narcotráfico.

Gálvez destacó la evidencia que vincula a ciertos miembros de la fiscalía con el narcotráfico y el narcoterrorismo, instando a los asambleístas a posicionarse claramente ante el pueblo boliviano sobre su postura en esta problemática.

El vocero finalizó enfatizando que la decisión que se espera hoy por parte de los legisladores no debería centrarse en los procedimientos, sino en tomar acciones que beneficien a la sociedad, lo que incluiría la suspensión temporal del fiscal general y de otros funcionarios bajo sospecha mientras se lleve a cabo el debido proceso.