Los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bolivia han manifestado su inquietud por las dificultades que enfrentan para continuar con la entrega de garrafas a los consumidores. Esto se debe principalmente al aumento de sus costos operativos, situación que se complicó tras la eliminación de la subvención al diésel.
Los representantes del sector señalan que el principal problema radica en el costo del transporte. El incremento en el precio del diésel ha llevado a un aumento en los gastos de operación de los camiones que transportan las garrafas desde las plantas a los puntos de venta, lo que les lleva a solicitar una revisión de las tarifas que perciben.
Frente a la posibilidad de una paralización en la entrega de GLP, YPFB ha alcanzado un acuerdo temporal con los transportistas. Este acuerdo incluye la continuidad del reparto mientras se lleva a cabo una consultoría independiente que evalúe técnicamente una posible actualización de las tarifas de flete.
La empresa estatal estima que los resultados del estudio podrían estar disponibles en un plazo de 21 días. Sin embargo, aún no se ha especificado el monto que podría implicar algún ajuste en las tarifas.
Este conflicto se suma a los problemas de abastecimiento que se han registrado en diversas ocasiones durante el año. En enero, la población experimentó largas filas y quejas en diferentes regiones, y en julio, los distribuidores atribuyeron un aumento en la demanda a la llegada del invierno, los feriados y el deterioro de los cilindros.
El acuerdo alcanzado entre YPFB y los distribuidores tiene como objetivo evitar una interrupción prolongada en el servicio de GLP. La solución definitiva dependerá de las conclusiones del estudio de costos y de las decisiones que se tomen respecto a las tarifas de transporte.