Este miércoles fue aprehendido en La Paz Martín Daniel Irusta Flores, quien se desempeñaba como fiscal superior y había sido abogado del exmandatario Evo Morales. Esta detención se produce tras una serie de arrestos que incluyeron a Roger Mariaca, fiscal general, Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, en operativos realizados en varias ciudades del país.
La importancia de la detención de Irusta ha aumentado en las últimas horas, ya que también fue mencionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los funcionarios bolivianos a quienes se les ha revocado la visa debido a supuestos actos de corrupción y lazos con actividades ilícitas.
Irusta, quien fue abogado de Evo Morales y parte del equipo legal del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue nombrado como fiscal superior en febrero de 2026 por Roger Mariaca, lo que generó diversas críticas debido a su pasado político. Antes de ocupar dicho cargo, enfrentó una investigación en 2024 que llamó la atención pública.
El origen de la polémica remonta a diciembre de 2024, cuando Irusta fue detenido en una concesionaria de vehículos de lujo en La Paz, donde intentaba comprar un Audi Sportback Q5 valorado en 95.000 dólares. Las autoridades iniciaron una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas debido a incoherencias en sus movimientos financieros en comparación con sus ingresos declarados.
El vehículo estaba destinado a ser registrado a nombre de otra persona, identificada como una bailarina de cumbia, lo que generó aún más cuestionamientos. Aunque la Fiscalía de La Paz desestimó posteriormente el caso por falta de pruebas, la situación dejó dudas sobre la conducta de las autoridades involucradas en el operativo.
La detención de Irusta se da tras la divulgación de un video en el que Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz, vincula a Mariaca y Del Castillo con supuestos pagos y conexiones con las autoridades bolivianas. Estas declaraciones requieren ser verificadas con documentación y testimonios antes de determinar responsabilidades.
En paralelo, la Policía continúa con los operativos que han involucrado a los otros funcionarios mencionados, así como también han realizado intervenciones en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre.