Este miércoles, el personal docente y no docente de las universidades nacionales en Argentina dio inicio a un paro nacional de 72 horas. Esta medida, respaldada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones de educación superior, busca exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una mejora salarial del 33,4%.
Las agrupaciones sindicales han manifestado su preocupación por la falta de comunicación del Poder Ejecutivo para resolver el conflicto. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, expresó que hasta ahora no han recibido contacto alguno del Gobierno y no tienen expectativas de que la administración de Javier Milei cumpla con lo demandado.
Carboni también recordó que la semana pasada, el juez federal Diego Martín Cormick instó al Gobierno a cumplir con el pago total de la medida cautelar dispuesta en la causa. El plazo para cumplir con esta orden vencía el 30 de septiembre, y si no se efectúa el pago, el Estado comenzará a acumular multas, a menos que decida acatar la resolución judicial.
Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han recibido ajustes en sus salarios, a excepción de un pequeño aumento del 3% que se implementará en octubre. Esto se da en un contexto donde las negociaciones se encuentran estancadas.
El paro de tres días ha sido ratificado por las principales federaciones del sector, como CONADU y CONADU Histórica. Además, se suma a las acciones de protesta realizadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y otros grupos docentes, que han mantenido paros de 24 horas en distintas sedes.
En el marco de esta jornada de movilizaciones, varias unidades académicas llevaron a cabo actividades abiertas a la ciudadanía, visibilizando sus reclamos. Este conflicto, que se originó a fines del año pasado, anticipa la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.