Legisladores de diversas fuerzas políticas han solicitado al Gobierno que active el Estado de Excepción debido a las movilizaciones programadas por grupos cercanos a Evo Morales, tras un ampliado realizado en Lauca Ñ. La solicitud incluye acciones preventivas para evitar bloqueos y violencia.
El senador José Ormachea, de Libre, argumentó que es responsabilidad del Ejecutivo poner en marcha esta medida, utilizando tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas. Propuso, además, la aprehensión de individuos que, en su opinión, estén fomentando acciones que puedan llevar a alteraciones del orden.
En apoyo a esta petición, los diputados Álvaro Cazasola, de Unidad, y Ricardo Rada, del PDC, subrayaron la necesidad de prevenir cualquier brote de violencia mientras se mantenga el régimen de excepción. Estas declaraciones se producen tras el ultimátum de Morales al Gobierno de Rodrigo Paz, que expira el 3 de octubre, para que se deroguen ciertos decretos que él impugna.
El 17 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la extensión del Estado de Excepción por un periodo adicional de 90 días con 100 votos a favor y 58 en contra, de un total de 158 legisladores presentes. La justificación del Gobierno para esta prórroga se basa en informes que señalaban el riesgo de nuevas manifestaciones y bloqueos que afectarían el abastecimiento y corredores estratégicos.
La solicitud de los legisladores refleja un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los grupos que apoyan a Morales. Mientras que los parlamentarios a favor de la medida piden su aplicación para mantener el orden y la libre circulación, los sectores afines a Morales han criticado la extensión del Estado de Excepción y han anunciado nuevas protestas.