El titular de la cartera de Defensa, Ernesto Justiniano, reaccionó al ultimátum que Evo Morales lanzó durante el ampliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ, sugiriendo que el encuentro debería exigir al expresidente que actúe conforme a la ley.
Morales había fijado hasta el 3 de octubre un plazo para que el gobierno de Rodrigo Paz derogara el Decreto Supremo 5716, que suprime la subvención al diésel, y el DS 5727, que prioriza la reorganización o disolución de empresas estatales. Advirtió sobre movilizaciones a partir del 13 de octubre si sus demandas no eran atendidas.
Justiniano argumentó que, aunque Morales tiene el derecho de cuestionar al gobierno y convocar a movilizaciones pacíficas, estas deben llevarse a cabo dentro del marco legal. También condenó la idea de imponer decisiones mediante intimidaciones o bloqueos.
Además, el ministro recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes en contra de Morales, y señaló que es su responsabilidad presentarse ante la justicia para defenderse. "Si realmente quiere hablar sobre el cumplimiento de la ley, debería empezar por cumplirla él mismo", expresó Justiniano.
El gobierno, según Justiniano, mantiene abiertos canales de diálogo con varios sectores de la sociedad, pero subrayó que también es su deber asegurar la libre circulación y el abastecimiento de la población frente a posibles presiones.