El 23 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una política que restringe la emisión de visas a personas involucradas en el turismo de maternidad. Esta decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, apoyándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Motivos detrás de la restricción
Según el Departamento de Estado, diversas redes internacionales han explotado el sistema migratorio estadounidense, comercializando la ciudadanía mediante la organización de partos en el país. Estas redes cobran sumas elevadas, que alcanzan decenas de miles de dólares, y entrenan a solicitantes para falsificar información en sus peticiones de visa.
Rubio subrayó que la nueva política tiene como objetivo evitar que el sistema de inmigración sea manipulado. La restricción se activa bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración, que permite negar visas si la presencia de un extranjero perjudica la política exterior o la seguridad nacional del país.
- Propietarios y operadores de redes de turismo de maternidad.
- Intermediarios que enseñan a otros a cometer fraude en solicitudes de visa.
- Proveedores médicos que facilitan este tipo de turismo o el uso indebido del sistema Medicaid.
- Familiares directos de las personas implicadas.
El turismo de maternidad se refiere a la práctica de viajar a Estados Unidos para dar a luz, lo que confiere automáticamente la ciudadanía al hijo. Este fenómeno se justifica por la norma de jus soli, que otorga derechos de ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense.
La administración Trump ha considerado que el turismo de maternidad representa un fraude que beneficia a redes comerciales a expensas de los contribuyentes estadounidenses y afecta el sistema de beneficios públicos. Se ha detectado que la mayoría de los casos proviene de China, aunque también se mencionan a Rusia y otros países.
Esta nueva política se enmarca dentro de una serie de medidas tomadas por el gobierno para frenar el turismo de maternidad, incluyendo órdenes ejecutivas firmadas anteriormente por Trump. A pesar de que algunas de estas iniciativas han enfrentado resistencia en los tribunales, el actual enfoque busca utilizar el marco legal existente para limitar estas prácticas.