Pablo Camacho, director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), afirmó que la revisión de las empresas estatales es una decisión que responde a criterios "enteramente económicos". Esta afirmación surge en el contexto del Decreto Supremo 5727, que busca salvaguardar los recursos de los ciudadanos bolivianos.
Camacho, en una entrevista con Bolivia Tv, subrayó que esta iniciativa no debe ser interpretada como una acción política, sino como un esfuerzo del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para asegurar la correcta gestión de los recursos públicos.
El mencionado decreto establece la priorización de la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas bajo el control del Estado. Las decisiones deberán basarse en diagnósticos técnicos proporcionados por la OFEP y recibir la aprobación del Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep).
De acuerdo con Camacho, la OFEP está comprometida con la transparencia, permitiendo que la población acceda a información sobre la situación de las empresas estatales a través de su página web oficial. "El mensaje que queremos transmitir es claro: esto no puede volver a suceder", enfatizó.
El director de la OFEP expresó su preocupación por el uso ineficiente de los recursos, mencionando que fondos destinados a empresas podrían ser mejor invertidos en educación, salud y saneamiento. Criticó la creación de entidades que, según él, se formaron "de acuerdo al antojo y al humor del día", citando como ejemplos plantas procesadoras de café en Pando y de limón en Potosí que nunca llegaron a funcionar.
Camacho también informó que la OFEP tiene registradas un total de 67 empresas públicas, mientras que el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) maneja más de 100. Además, existen más empresas bajo la gestión de gobiernos regionales y municipales, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.
Finalmente, Camacho concluyó que el daño causado a Bolivia por la mala gestión de estas empresas es considerable y identificó esta situación como una "estafa histórica" que requiere atención urgente.