El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, afirmó que el recién aprobado Decreto Supremo 5727 no tiene como objetivo la privatización de las empresas estatales, sino más bien garantizar su funcionamiento mediante colaboraciones público-privadas y con el sector productivo.
Este decreto fue emitido luego de un gabinete virtual encabezado por el Presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos, y establece como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de las entidades públicas que dependen del gobierno central.
Según Jáuregui, las empresas públicas enfrentan serios problemas de endeudamiento y una limitada capacidad de producción, lo que hace necesario implementar alianzas que permitan una mejor gestión y aprovechamiento de recursos.
El Decreto Supremo 5727 establece que la reorganización de las empresas estatales se llevará a cabo siguiendo un diagnóstico técnico que debe ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Una vez que el COSEEP apruebe el diagnóstico, el ministerio correspondiente dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles para implementar las acciones normativas necesarias.
Con esta estrategia, el gobierno busca mantener una participación estatal en la propiedad de las empresas mientras se optimizan sus operaciones mediante la colaboración con el sector privado, en un contexto donde las capacidades de estas entidades son insuficientes para enfrentar sus retos financieros.
"Lo que se busca es que el Estado pueda ser partícipe todavía de la propiedad de las diferentes empresas, pero con alianzas con el sector privado y también con los sectores productivos".