Alrededor de diez empresas que distribuyen GLP se han declarado en estado de emergencia, lo que ha llevado a la suspensión de sus actividades de entrega de garrafas. La razón principal de esta paralización es el aumento considerable en el precio del diésel, que ha afectado notablemente sus costos operativos.
Los transportistas han manifestado que sus gastos por combustible se han casi duplicado, lo que hace inviable el costo actual del flete. Un transportista comentó que "anteriormente el diésel costaba entre 300 y 400 bolivianos por viaje; ahora, estamos gastando entre 800 y 900 bolivianos".
El sector de distribuidores ha planteado dos soluciones posibles: una subvención para el diésel o un aumento en el pago por el servicio de transporte de las garrafas por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Lo que estamos pidiendo es que se nos subsidie el diésel o que YPFB aumente el flete", expresó uno de los representantes de los transportistas, enfatizando la situación crítica que enfrentan.
Los distribuidores han decidido mantener la suspensión de operaciones hasta recibir una respuesta satisfactoria del Ministerio de Hidrocarburos. Mientras tanto, la Policía ha enviado más de 20 agentes para proteger la planta de Senkata y prevenir bloqueos en las vías.
La Policía ha confirmado que las vías permanecen abiertas y que los líderes de los transportistas están en diálogo con las autoridades del sector hidrocarburífero para encontrar una solución al conflicto. Los distribuidores continúan en las aceras de la planta de Senkata a la espera de una respuesta sobre el costo del flete y las condiciones para reanudar la distribución de GLP.