En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó una contundente denuncia sobre la influencia del narcoterrorismo en el país, afirmando que fue este fenómeno el que financió un paro que duró 53 días.
Paz destacó que durante este periodo, se bloquearon las carreteras, lo que impidió el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, resultando en más de 20 decesos. Agregó que el narcoterrorismo y otras mafias utilizan el crimen organizado como herramienta para desestabilizar las democracias y socavar los marcos legales establecidos.
"El derecho a la protesta existe, pero no se puede permitir que se quebrante el orden constitucional y democrático", enfatizó el mandatario, diferenciando entre el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y las acciones que buscan desestabilizar el orden social.
Rodrigo Paz también mencionó que Bolivia está en una lucha constante por generar producción, empleo y tecnología, así como por integrarse a un contexto global más amplio. La crisis provocada por los bloqueos tuvo un impacto económico significativo, con pérdidas estimadas que superan los 3.000 millones de dólares, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Entre mayo y junio de 2026, la nación andina enfrentó un periodo crítico de bloqueos que afectó el libre tránsito y distintas actividades productivas, resaltando la necesidad de abordar la problemática del narcoterrorismo y su vinculación con el desorden social.