La Agencia Nacional de Minería de Brasil otorgó en marzo una Guía de Utilización para el proyecto Monte Alto, que se propone realizar una extracción experimental de 2,000 toneladas de mineral al año durante un período de tres años.
La empresa Brazilian Rare Earths (BRE), que cuenta con el apoyo de la inversora australiana Gina Rinehart a través de Hancock Prospecting, busca desarrollar este proyecto en el Valle del Jiquiriçá, en Bahía. Sin embargo, se han reportado presiones sobre las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar para que vendan sus tierras.
Alrededor de 120 familias residen en la comunidad de Monte Alto, de las cuales al menos 17 ya han cedido sus propiedades a la subsidiaria de la BRE llamada Borborema Recursos Estratégicos, según han indicado testimonios recogidos por los medios de comunicación.
Impacto ambiental y regulaciones
Los residentes están preocupados por los efectos ambientales que podría acarrear el proyecto, ya que el área designada para la minería se superpone en parte con la Área de Protección Ambiental Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, que alberga fuentes de agua y la cascada de Guigó.
Además, parte de la actividad minera planificada por Borborema se encuentra en la Estación Ecológica Wenceslau Guimarães, donde la minería está prohibida por ser una zona de protección integral.
A pesar de que la Agencia Nacional de Minería ha otorgado las licencias necesarias, la empresa ha informado que la extracción aún no ha comenzado y que está sujeta a obtener las autorizaciones ambientales y radiológicas correspondientes.
La BRE ha admitido la presencia de uranio en la zona y sugiere que este mineral podría ser aprovechado como coproducto en una futura planta en Camaçari. Sin embargo, los habitantes afirman que este tema no se ha discutido en las reuniones comunitarias.
Como parte de su plan, la compañía también prevé la instalación de una refinería en Bahía para procesar óxidos de tierras raras, con la producción destinada a mercados en Europa, Japón y Estados Unidos.