El sector productivo se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, pero advirtió que esta medida tendrá repercusiones directas en los costos de producción y, en consecuencia, en el precio de los alimentos.
Henry Chávez, gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), indicó que este cambio era esperado tras más de dos décadas de subsidios y urgió al Ejecutivo a implementar acciones económicas complementarias para mitigar el impacto en la ciudadanía.
Chávez explicó que el aumento del precio del diésel incrementará los costos del sector porcino, debido al encarecimiento del transporte de insumos a las granjas y el traslado de los animales a otros lugares del país. Esto, a su vez, afectará el precio final de la carne.
"Cuando sube el diésel, los precios de los alimentos también deben subir. Nuestros costos de producción podrían llegar a duplicarse", afirmó Chávez. Ante este panorama, solicitó que el Gobierno adopte medidas como la eliminación de aranceles e IVA para las importaciones agropecuarias.
El representante de Adepor también cuestionó la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la distribución de combustibles, sugiriendo que se facilite la importación directa de combustibles a empresas privadas.
Chávez enfatizó que la eliminación del subsidio por sí sola no solucionará la crisis económica y que se requieren reformas estructurales en áreas como la regulación de combustibles, el sistema bancario y el mercado cambiario.
El impacto más inmediato que se espera es en el precio de la carne de cerdo. Según Chávez, si los productores trasladan el aumento de costos al consumidor, el precio de un corte que actualmente se vende a 30 bolivianos podría incrementarse entre 45 y 50 bolivianos, considerando también el costo del transporte y otros gastos asociados.
Finalmente, el gerente de Adepor subrayó que el sector agropecuario está comprometido con la producción de alimentos, pero requiere que el Gobierno genere las condiciones adecuadas para garantizar su actividad y minimizar el impacto en las familias bolivianas.