ECONOMÍA

Rodríguez critica el ajuste económico del Gobierno y sus efectos en los trabajadores

El analista Gabriel Rodríguez señala que la eliminación de la subvención al diésel beneficia principalmente al sector empresarial, perjudicando a los trabajadores menos favorecidos.

Por Estefany Loza · 19 de septiembre de 2026

Gabriel Rodríguez, un analista económico, ha expresado su desacuerdo con la reciente decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, advirtiendo sobre el impacto desigual que esta medida tendrá en diferentes sectores de la sociedad. El precio del combustible se ha establecido en Bs 17,95 por litro, una cifra que se ha fijado tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la eliminación del subsidio.

Según Rodríguez, los sectores de bajos ingresos recibirán una protección mínima en forma de bonos, un aumento en el salario mínimo, créditos y ajustes fiscales. Sin embargo, resalta que debido a la alta informalidad laboral en Bolivia, que supera el 80%, muchos trabajadores no se beneficiarán directamente del incremento del salario mínimo.

En cambio, el analista sostiene que el empresariado y el sector agroindustrial contarán con mejores recursos para adaptarse al aumento en el precio del combustible. Esto incluye acceso a créditos preferenciales, eliminación de aranceles para ciertos productos y facilidades en el ámbito tributario. El Gobierno ha anunciado un monto de hasta Bs 800 millones en créditos al 6%, la eliminación de aranceles para insumos y bienes de capital, así como la extensión del perdonazo tributario por 120 días.

Desde la perspectiva del Gobierno, se argumenta que el nuevo paquete de medidas está diseñado para mitigar el efecto de la eliminación del subsidio, mediante la implementación del Bono PEPE II para más de 2,9 millones de personas, el incremento del monto del Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 y la promoción de programas de empleo e inversión. Además, el nuevo esquema regulatorio vincula el precio del diésel con el costo internacional, según lo establecido en el Decreto Supremo 5716.

Rodríguez concluye su análisis resaltando que las políticas adoptadas por el Gobierno trasladan una mayor carga del ajuste económico hacia los sectores más vulnerables, al tiempo que favorecen al empresariado. Estas observaciones reflejan su perspectiva personal y no constituyen una evaluación oficial sobre el impacto distributivo de las nuevas medidas económicas.