ECONOMÍA

Estudio discute la efectividad de medidas económicas del Gobierno

Un análisis reciente critica las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Rodrigo Paz, estimando que su impacto en los sectores más vulnerables es solo del 17%.

Por Micaela Torrez · 19 de septiembre de 2026

Un reciente estudio ha puesto en duda las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Rodrigo Paz, especialmente tras la eliminación de la subvención al diésel. Este análisis sugiere que, en términos de efectividad, las políticas propuestas tendrían un impacto limitado del 17% en los sectores populares.

La evaluación se realizó asignando porcentajes de efectividad a diez medidas, y aunque no es un indicador oficial, permite tener una idea del alcance real de estas políticas. Entre las medidas analizadas se incluyen el Bono Pepe 2, el aumento de la Renta Dignidad y los créditos productivos, entre otros.

  1. Bono Pepe 2: 20%
  2. Juancito Pinto: 5%
  3. Renta Dignidad: 30%
  4. Bonos para familias sin aportes: 15%
  5. Salario mínimo: 10%
  6. Créditos productivos: 25%
  7. Perdonazo tributario: 5%
  8. Plan de enlosetado: 45%
  9. Desregulación de importación de diésel: 10%
  10. Devolución de depósitos en dólares: 5%

El Gobierno ha presentado estas medidas como un paquete destinado a redistribuir recursos tras la eliminación de la subvención. Por ejemplo, el Bono Pepe 2 tiene un presupuesto de Bs 874 millones para aproximadamente 2,9 millones de beneficiarios y se prevé la creación de hasta 18.000 empleos directos a través del plan de enlosetado.

Sin embargo, el análisis concluye que estas iniciativas no serían suficientes para mitigar el aumento en los costos del transporte y los alimentos, que afecta especialmente a los hogares de menores ingresos. Esto se ve respaldado por las quejas de organizaciones de adultos mayores que han mencionado que el monto de la Renta Dignidad no cubre las necesidades básicas.

Este debate emerge en un contexto donde la eliminación de la subvención al diésel busca liberar recursos para inversión y protección social, pero también genera preocupación sobre cómo afectará el poder adquisitivo de la población en general.