Edgar José Marval, uno de los tres estadounidenses que denunciaron haber sufrido torturas en Venezuela, estuvo detenido durante 123 días. Su arresto ocurrió el 19 de agosto de 2023 a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y su liberación se produjo el 20 de diciembre de ese mismo año, en un intercambio de prisioneros con el gobierno de Joe Biden, que liberó al empresario Alex Saab, asociado al régimen de Nicolás Maduro.
En un testimonio entregado al Comité de la ONU contra la Tortura, Marval relató que durante su cautiverio vivió condiciones inhumanas, incluyendo falta de higiene y alimentación. Afirmó haber sido víctima de torturas físicas y psicológicas, un relato que también comparten sus compañeros de detención, Jerrel Kenemore y Jason Saad, quienes también han presentado acciones legales por las atrocidades sufridas.
Demanda contra el régimen venezolano y decisión judicial en EE.UU.
En agosto de 2025, Marval y sus dos compañeros iniciaron una demanda civil en Florida contra Maduro y varios miembros de su gobierno, alegando que fueron secuestrados y torturados con el fin de ser utilizados como parte de un intercambio de prisioneros. En 2026, el juez Darryn P. Gayles falló a su favor, ordenando que el gobierno venezolano les pague más de 312 millones de dólares en compensación.
Sin embargo, la sentencia no afecta a Delcy Rodríguez ni a otros funcionarios que aún ocupan cargos, ya que el fallo es en rebeldía debido a la ausencia de defensa por parte de los demandados. En julio de 2026, el gobierno de Trump solicitó al Departamento de Justicia que garantizara la inmunidad de Rodríguez debido a las implicaciones de política exterior que podría acarrear un juicio en su contra.
Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, negó las acusaciones de tortura, afirmando que los detenidos habían firmado documentos antes de su liberación que contradicen sus denuncias. No obstante, la solicitud de inmunidad para Rodríguez se enmarca en el reconocimiento del gobierno estadounidense hacia su papel como presidenta interina, pese a las elecciones controvertidas que llevaron a su ascenso.
Marval, quien sufrió severos abusos durante su detención, continúa colaborando con autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, mientras su testimonio alimenta un informe de la ONU sobre el uso de la tortura en el contexto de detenciones arbitrarias por motivos políticos.