Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, expuso en la Asamblea Legislativa la necesidad de prorrogar por 90 días el estado de excepción, que se encuentra vigente desde el 20 de junio. Esta solicitud se basa en alertas sobre una posible reactivación de bloqueos, marchas, paros y otros actos que podrían impactar el abastecimiento y los servicios esenciales en Bolivia.
Durante su intervención, el ministro destacó que los informes del Gobierno indican posibles afectaciones en el suministro de combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica. Asimismo, mencionó la posibilidad de confrontaciones, daños a la propiedad y la saturación de instituciones, así como la inminente declaración de estados de emergencia.
Oviedo sustentó su solicitud en 12 informes técnicos, de los cuales ocho provienen del Comando General de la Policía y los restantes de los ministerios de Gobierno y Defensa, así como de las Fuerzas Armadas. Las áreas con potencial conflicto incluyen La Paz, El Alto, Cochabamba, el Trópico y varias zonas de Santa Cruz.
El ministro recordó los 53 días de bloqueos ocurridos entre mayo y junio, que provocaron severas interrupciones en el transporte, el abastecimiento y la actividad económica. De acuerdo a los datos del Gobierno, las pérdidas durante ese periodo ascendieron a más de $us 3.000 millones.
Con estos argumentos, Oviedo solicitó la autorización de los legisladores para extender el estado de excepción, afirmando que hay una "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" para mantener esta medida. Ahora, la Asamblea Legislativa debe decidir si aprueba o rechaza esta prórroga, en medio de diferentes posturas entre las distintas bancadas.