Una jueza federal en Argentina ha decidido suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas. Esta acción forma parte de una nueva fase de la ofensiva del gobierno argentino contra la explotación de recursos hidrocarburíferos en el archipiélago, en un contexto de creciente tensión con el Reino Unido por la disputa territorial.
La magistrada Mariel Borruto, del juzgado federal de Río Grande, emitió una medida cautelar que prohíbe las perforaciones, la instalación de infraestructuras submarinas y el inicio de la explotación del proyecto. También se ordena la restricción de ciertos movimientos financieros que estén destinados a financiar el emprendimiento y se instruye a comunicar la existencia de este proceso a las autoridades regulatorias y a los mercados de valores.
Borruto aclaró que esta resolución es una medida cautelar, lo que implica que no se ha tomado una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas involucradas. La jueza ya se había declarado competente la semana pasada para tratar la demanda contra Sea Lion, argumentando que una posible afectación ambiental podría impactar recursos bajo la jurisdicción argentina.
Las empresas involucradas, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, tienen un plazo de diez días judiciales para presentar una declaración jurada con información detallada sobre el estado del proyecto. Esto incluye el cronograma de construcción, la ubicación de los pozos y los contratistas asociados al proyecto.
La orden también exige que se identifique la estructura societaria utilizada para el desarrollo de Sea Lion, las entidades financieras y fondos que participen, así como los desembolsos realizados o pendientes. Además, se busca prevenir nuevos contratos de financiación y otras operaciones que puedan apoyar el proyecto.
Este fallo se produce en un momento de creciente tensión entre Buenos Aires y Londres. El gobierno argentino anunció que aumentará las acciones legales contra las empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Por su parte, Reino Unido respondió afirmando que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni puede aplicar su legislación, mientras respalda a las empresas que operan en el archipiélago. La situación en torno al proyecto Sea Lion se ha convertido en uno de los puntos centrales de la disputa, ya que Argentina sostiene que se está avanzando sin su autorización sobre recursos naturales que considera propios.