Este miércoles, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, se trasladó a La Paz con el propósito de presentar una denuncia ante la Contraloría General del Estado. Su objetivo es señalar a los altos funcionarios que estarían involucrados en el contrabando de combustibles en el país.
Zambrana explicó que tiene programada una reunión con la contralora Sandra Quiroga, donde exigirá una revisión exhaustiva de los funcionarios etiquetados como "peces gordos". Estas personas son acusadas de estar robando combustible de los bolivianos.
La denuncia del Gobierno, realizada la semana pasada, apuntó a que hay empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) implicados en diversas irregularidades. En respuesta, el Comité Pro Santa Cruz planea presentar la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad al presidente Rodrigo Paz, en la que se proponen soluciones a la crisis de abastecimiento de combustibles.
La asamblea instó al Gobierno a resolver la problemática del suministro de combustibles antes del 10 de octubre, advirtiendo que podrían adoptar medidas de presión si no se cumplen sus demandas.
- Liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles en el país.
- Eliminación de impuestos sobre los combustibles para reducir precios.
- Incluir el modelo 50/50 en el presupuesto de 2027 para mantener recursos en los departamentos.
El Gobierno también denunció el viernes que se ha identificado una red de corrupción dentro de YPFB, con alrededor de 300 personas implicadas. Entre los señalados se encuentran funcionarios, despachantes y otros actores del sector.
Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, anunció que se están tomando acciones legales contra los involucrados. Subrayó la necesidad de no solo abordar el desabastecimiento, sino también de atacar las causas que permiten que estas situaciones se repitan en el futuro.