La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha hecho un llamado al Gobierno para que refuerce la seguridad en San Ignacio de Velasco, incluyendo la militarización de las áreas más conflictivas, debido a un aumento alarmante de asesinatos, presuntamente vinculados al crimen organizado.
María René Álvarez, presidenta de la ALD, puso en tela de juicio la efectividad del plan "Fronteras Seguras" y argumentó que la presencia estatal en las áreas fronterizas es insuficiente, demandando acciones más efectivas para evitar la expansión de la violencia en la comunidad.
La preocupación ha crecido tras el asesinato de dos hombres en San Ignacio el último domingo, quienes fueron atacados a tiros en un intervalo de 15 minutos. La Policía ha señalado que una de las víctimas no contaba con antecedentes penales, mientras que la otra podría estar relacionada con una facción del Primer Comando de la Capital (PCC).
Desde la ALD también se ha propuesto suspender las clases presenciales de manera temporal, dado el temor manifestado por los padres de familia y las marcas en edificios y escuelas, que las autoridades locales sugieren podrían tener conexiones con grupos criminales brasileños. Sin embargo, no hay información oficial que confirme la naturaleza o el significado de dichas marcas.
Este pronunciamiento ocurre en un contexto donde el Gobierno ya ha confirmado el despliegue de fuerzas militares especiales en San Ignacio de Velasco. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que estas fuerzas permanecerán en el área el tiempo que sea necesario, dado el contexto de disputas territoriales con grupos criminales.
La ALD ha enfatizado que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y reclama una presencia permanente del Estado, así como la implementación de estrategias de inteligencia, control fronterizo y acciones contundentes contra las organizaciones criminales que operan en la región.