El diputado Juan del Granado ha manifestado que cualquier iniciativa del Gobierno para ampliar el estado de excepción debe alinearse estrictamente con la Constitución Política del Estado y la Ley 1740, así como respetar los límites democráticos establecidos.
El legislador explicó que la decisión de declarar un estado de excepción corresponde al Presidente de la República mediante un decreto supremo. Sin embargo, la extensión de este estado necesita la aprobación previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe ser respaldada por la mayoría absoluta de los legisladores presentes.
Del Granado, quien preside la Comisión de Constitución de Diputados, indicó que la Asamblea debe evaluar los argumentos que presente el Ejecutivo antes de determinar si apoya la prórroga del estado de excepción. Aclaró que esta medida no implica la anulación de las libertades y derechos democráticos, sino que permite ciertas restricciones dentro de los márgenes que establece la Constitución y las leyes.
La democracia también significa respetar los límites del poder.
El Gobierno está buscando extender el estado de excepción por un período adicional de 90 días, justo cuando el plazo actual está a punto de finalizar. Este debate se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, la crisis económica y las estrategias necesarias para enfrentar la situación del país.