El gabinete del ministro Rodrigo Paz aprobó recientemente el Decreto Supremo 5706, que establece la lucha contra la corrupción como una "prioridad nacional del Estado". El decreto enfatiza la importancia de promover la integridad pública, fortalecer la transparencia institucional y proteger los recursos del Estado.
El objetivo principal de esta norma es asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y optimizar la capacidad del Estado ante situaciones que puedan comprometer su integridad, además de consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Yamil García ha sido designado como el "Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia", lo que le permite coordinar esfuerzos estratégicos en estas temáticas dentro del Órgano Ejecutivo y con otras entidades.
Este viceministerio se encargará de realizar la vocería jurídica sobre los temas relacionados a sus atribuciones, conforme lo establecido en el decreto. El Gobierno busca alcanzar en Bolivia una situación de "Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal", fortaleciendo así la capacidad operativa del Viceministerio de Transparencia.
Entre las atribuciones del nuevo viceministerio se incluye la coordinación con diversas entidades del Estado y el sector privado para implementar políticas de integridad pública y lucha contra la corrupción, así como promover mecanismos para la prevención y detección de actos corruptos.
El decreto también permite al viceministro llevar a cabo acciones inmediatas en entidades y empresas en las que el Estado tenga participación. Estas acciones incluyen la solicitud de información o documentación necesaria para su labor.
Además, se establece que el Viceministerio de Transparencia y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deben trabajar de manera coordinada, compartiendo información para mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción y proteger los intereses del Estado.