La situación de 143 guardaparques que operan bajo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha suscitado serias inquietudes entre diversas organizaciones ambientales y sectores dedicados a la conservación. Estos trabajadores recibieron la instrucción de presentar sus cargos, lo que ha sido calificado por críticos como un “despido encubierto”, poniendo en riesgo la protección de importantes áreas naturales en Bolivia.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha manifestado su rechazo a esta medida y ha subrayado las implicaciones negativas que tendría la reducción del personal encargado de vigilar las reservas naturales del país. La Defensoría del Pueblo también ha tomado nota de la situación, y una diputada ha afirmado que impulsará acciones legislativas para abordar este tema.
Según comentarios en redes sociales, la posible salida de estos guardaparques podría facilitar actividades ilícitas como la caza, incendios forestales y la explotación ilegal de recursos naturales. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas que respalden la afirmación de que el Gobierno busca despedir a los guardaparques para permitir estas acciones ilegales, por lo que esta parte de la denuncia debe ser considerada una acusación aún no verificada.
Frente a las acusaciones, el Gobierno ha declarado que ninguno de los guardaparques será despedido. De acuerdo con las autoridades, la instrucción abarca a alrededor de 1.200 funcionarios y consiste en que pongan sus cargos a disposición para una evaluación posterior, lo que contradice la percepción de los trabajadores y organizaciones sobre una posible reducción de personal.
Mientras las autoridades enfatizan que se trata de una evaluación del personal, los guardaparques advierten que cualquier disminución en su número podría dejar a las áreas protegidas más vulnerables ante la acción de cazadores ilegales, traficantes y quienes buscan explotar los recursos del país sin escrúpulos.