Evo Morales, ex presidente de Bolivia, ha manifestado su preocupación por la implementación del Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo precio de 18 bolivianos por litro para el diésel destinado a grandes consumidores. Este decreto se enmarca en un plan económico que, según él, se originó con el DS 5503, el cual ya había sido derogado anteriormente.
A través de sus redes sociales, Morales ha señalado que este ajuste de precios podría desembocar en "hambruna" para el pueblo boliviano, poniendo en riesgo tanto la cosecha como la siembra. Su declaración refleja una clara crítica a las políticas del Gobierno actual en relación con el sector agrícola.
El exlíder del MAS indicó que en Santa Cruz los precios de combustible ya están por las nubes, con el litro de gasolina alcanzando los 18 bolivianos y el diésel escalando a 20 bolivianos. Morales acusó al Gobierno de delegar la regulación del combustible al sector privado, lo que, a su juicio, sigue los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) que él considera "recetas de hambre".
Morales expresó su dolor por la crisis económica que afecta a los bolivianos, enfatizando que las decisiones tomadas desde el exterior agravan la situación. Su postura es clara: rechazar las medidas que, según él, perjudican a la población más vulnerable.
Por su parte, el Gobierno nacional ha defendido el decreto 5676, argumentando que este tiene como finalidad regular la provisión de combustible y reducir las largas filas en las estaciones de servicio. También se busca combatir el contrabando y la especulación en el mercado de combustibles.
Desde la Oficina de la Presidencia, se aclaró que el nuevo precio solo se aplica a grandes consumidores, mientras que los precios para transportistas, familias y pequeños negocios se mantienen en 9,80 bolivianos por litro, con lo que el Gobierno busca proteger a estos sectores de los efectos del ajuste.
Este nuevo ajuste ha generado una serie de reacciones en la población, que debe lidiar con un entorno económico complicado, reflejando la tensión entre las políticas económicas del Gobierno y las demandas sociales de la ciudadanía.