Las autoridades bolivianas han reportado que, gracias a los operativos realizados bajo la Política Antidroga 2026-2030, se ha logrado afectar en cerca de 1.000 millones de dólares la economía del narcotráfico en el país. Esta cifra es el resultado de una serie de acciones destinadas a desmantelar las estructuras que sostienen este ilícito.
El informe del Ministerio de Gobierno señala que la estrategia adoptada contempla una transición de un enfoque tradicional centrado en incautaciones y operativos, hacia uno más integral que busca debilitar las capacidades financieras, logísticas y territoriales de los grupos criminales.
Resultados en interdicción y logística
Durante el último período, se han incautado 394 toneladas de sustancias controladas, que incluyen cocaína y marihuana. Además, se destruyeron 14 pistas clandestinas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes, lo que limita su capacidad operativa.
El gobierno también informó sobre la expulsión de 17 individuos considerados de alto riesgo, vinculados a grupos criminales internacionales como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), reforzando así la estrategia de reducir la influencia de estas organizaciones en el territorio nacional.
Nuevos enfoques en la lucha contra el narcotráfico
La nueva política antidroga busca no solo retirar la droga del mercado, sino también afectar los recursos económicos que permiten a las organizaciones delictivas operar. Esto incluye medidas de inteligencia financiera y la recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita.
En este sentido, el Consejo de Política Integral (CPI) aprobó la estrategia, que se fundamenta en nueve ejes estratégicos, diseñados para abordar las dinámicas cambiantes del narcotráfico, que ahora requiere de un enfoque más adaptativo y tecnificado para contrarrestar sus métodos.
Finalmente, la elaboración de la Política Antidroga 2026-2030 se llevó a cabo con la colaboración de organismos internacionales, lo que subraya la importancia de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, áreas en las que el Gobierno ratificó su compromiso de continuar realizando acciones efectivas.