En una reunión organizada por la Brigada Parlamentaria de Potosí, se abordó la urgencia de que la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (Aapos) reajuste sus tarifas de agua. Este ajuste es necesario ante la significativa disminución de sus ingresos y la creciente demanda de recursos para cubrir gastos operativos.
Los ciudadanos han expresado su descontento por la irregularidad en el suministro de agua en las zonas más altas de la Villa Imperial, lo que se atribuye a la disminución del almacenamiento en el sistema de lagunas del Kari Kari. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de la región.
Aapos gestiona un volumen cercano a los 10 millones de metros cúbicos de agua al año, de los cuales aproximadamente ocho millones son destinados para el consumo doméstico, generando ingresos de cerca de 26 millones de bolivianos. El restante se comercializa a la industria, que aporta ingresos similares.
Sin embargo, la prohibición de vender agua a empresas mineras ha impactado severamente en los ingresos de Aapos. En este contexto, la entidad está considerando elevar el costo del servicio como una opción para recuperar esos recursos, salvo que se permita nuevamente la venta a la industria.
El gerente interino de Aapos, Sergio Jancko, confirmó que las tarifas para los usuarios de Potosí se mantienen congeladas, a pesar de la necesidad de un reajuste. Jancko también subrayó que, por el momento, no se contemplan incrementos en las tarifas, especialmente tras los efectos negativos de la crisis económica resultante de los bloqueos en el país.
Respecto al estudio realizado por una consultora para establecer nuevos costos del servicio, Jancko indicó que este análisis ya ha sido finalizado y propone diferenciaciones entre los tipos de consumidores, tanto residenciales como industriales.
Generalmente, los anuncios de aumentos en tarifas son rechazados por los líderes vecinales, quienes argumentan que no es el momento adecuado para elevar los costos del agua y la electricidad, dada la crisis económica que ha reducido el poder adquisitivo de la población, afectando a los hogares de menores ingresos en todo el país.