El Gobierno de Bolivia está gestionando una extensión por tres meses del estado de excepción, el cual ha estado en vigor desde el 20 de junio. Esta decisión podría ocasionar un nuevo retraso en la discusión sobre los cambios a la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de resolución que ahora debe ser considerado por el pleno y, posteriormente, por la Asamblea Legislativa.
La importancia de esta medida radica en que el artículo 140 de la CPE establece que no se puede iniciar una reforma constitucional mientras exista un estado de excepción. Por tanto, si se aprueba la prórroga, los proyectos para modificar la Constitución quedarán en suspenso mientras continúe vigente el régimen excepcional.
El estado de excepción fue instaurado tras 53 días de bloqueos y tensiones sociales. Según el Gobierno, persisten amenazas de movilizaciones y sectores que podrían causar desestabilización en el país. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli argumentó que la extensión es necesaria para mantener la estabilidad lograda luego de los conflictos.
Sin embargo, esta decisión ha suscitado críticas en el ámbito político. El líder de Libre, Jorge Quiroga, expresó que la ampliación del estado de excepción implica retrasar por otros tres meses una reforma constitucional que considera esencial. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción implica ya no solo 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", sostuvo.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo alertó que el estado de excepción es una medida temporal que no aborda las causas estructurales de la conflictividad, tales como los problemas de abastecimiento de combustible y el aumento del costo de vida.
De esta manera, mientras el Gobierno busca mantener el control ante la posibilidad de nuevas protestas, la reforma constitucional sigue atrapada en el contexto de luchas políticas vigentes en el país.