Bolivia ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027. Este compromiso es parte de un programa que busca inyectar $us 1.900 millones a la economía, ayudar a fortalecer las reservas y estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, esto también implica un ajuste que se dará en un momento en que la economía aún se encuentra en recesión.
El acuerdo estipula que el Presupuesto General del Estado de 2027 no podrá incluir recursos destinados a subsidiar los combustibles. A partir de diciembre de este año, los precios permanecerán congelados, pero luego deberán ajustarse para reflejar el costo real, incluyendo factores como el tipo de cambio y los precios de importación.
No se ha definido aún el nuevo precio del diésel y la gasolina, ni si se aplicará un ajuste inmediato o gradual. Lo cierto es que la eliminación de la subvención representa un alivio a las finanzas estatales, aunque puede impactar negativamente en los costos de transporte, producción y alimentos, según lo reconoce el propio memorando del FMI.
Marcelo Trigo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, destaca que la eliminación del subsidio es necesaria para evitar distorsiones en la economía, aunque advierte que la transición podría ser problemática. La ayuda directa a los hogares vulnerables es crucial, pero el sistema para identificar a los beneficiarios no estará listo hasta marzo de 2027, lo que genera incertidumbre.
El financiamiento del FMI, que aún necesita la aprobación de su Directorio Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, no se entregará de manera inmediata, sino que se evaluará trimestralmente. Trigo considera que la verdadera utilidad del acuerdo radica en recuperar la confianza de otros acreedores y facilitar el acceso a nuevos créditos.
El ajuste fiscal requerirá que el Gobierno reduzca el déficit primario y global. Se estima que entre 2026 y 2029, Bolivia debe realizar un ajuste equivalente al 8,5% del PIB. Esto incluirá la eliminación de subvenciones, limitación de contrataciones y reducción de gastos en diversas áreas.
Con la economía en contracción y la inflación aún presente, el acuerdo con el FMI busca estabilizar la situación económica, aunque implica un costo social significativo. La población deberá enfrentar un ajuste que podría afectar aún más a aquellos con menos recursos, mientras se busca restaurar la certeza y la confianza en el manejo fiscal del país.
El panorama es claro: el FMI podría aliviar la presión sobre la economía boliviana, pero el verdadero reto será implementar los ajustes necesarios sin que estos repercutan de forma desproporcionada en los sectores más vulnerables de la población.