El Tribunal Supremo español tomó la decisión de suspender el derecho al voto de miles de personas que se beneficiaron de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', que fue implementada en octubre de 2022.
Esta ley permite a aquellos nacidos en el extranjero con ascendencia española, específicamente descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, acceder a la nacionalidad española.
La resolución del Tribunal tiene impacto inmediato, ya que los ciudadanos que se beneficiarían de la ley deben ahora probar su vínculo con exiliados españoles para poder registrarse en el censo electoral y, por ende, ejercer su derecho al voto.
Controversia política en torno a la decisión judicial.
Esta medida surge tras una solicitud de los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa, quienes argumentan que el gobierno de Pedro Sánchez busca aumentar el censo electoral a su favor. La decisión ha sido rechazada por Sánchez, quien defiende la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
El Tribunal señala que permitir la inscripción de los nacionalizados por esta ley podría comprometer la transparencia del proceso electoral y la expresión de la voluntad popular.
Según datos del diario El País, cerca de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad bajo esta normativa, de las cuales 333,696 ya están inscritas en el registro electoral, mientras que otras 238,065 están en proceso.
Los afectados se han mostrado decepcionados ante esta decisión. Felipe Gómez, un nacionalizado por la ley, expresó que la situación podría llevar a muchos a luchar por su derecho al voto, señalando que la distinción entre tipos de ciudadanos no debería existir en un estado democrático.
Antonia Álvarez, una chilena que está tramitando su nacionalidad, también criticó la decisión, afirmando que esta genera un sentimiento de desprecio hacia quienes buscan este derecho.