El Gobierno de Rodrigo Paz está llevando a cabo una reestructuración del sector público empresarial, considerando el cierre, liquidación o transformación de diversas empresas estatales que no son viables. Esta revisión, liderada por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP), podría abarcar entre ocho y diez entidades.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que se realizarán diagnósticos técnicos para identificar cuáles empresas tienen potencial de seguir operando y cuáles representan un lastre para las finanzas del Estado. El nuevo mecanismo, aprobado en el PGE Reformulado 2026, facilita la reorganización, disolución y liquidación de estas empresas.
La situación financiera de varias de estas empresas ha llevado al Gobierno a tomar medidas. La OFEP ha detectado un total de 15 empresas en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre estas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
El ajuste también implicará una reducción significativa de recursos para estas entidades. En el PGE Reformulado, se prevé una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas públicas, como parte de la estrategia del Ejecutivo para mitigar el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el propósito no es cerrar las empresas de forma automática, sino evaluar qué opción es más viable: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o liquidarlas.
Entre las empresas que están bajo análisis se encuentra una dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, la cual podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno, o asociada mediante un esquema de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de la evaluación.
El Gobierno está en una búsqueda activa de reducir el tamaño de un sector empresarial estatal que ha absorbido recursos públicos durante años. A partir de ahora, las empresas deberán demostrar su capacidad de operar sin ser un peso para el Estado.