En un evento realizado en El Alto, el Gobierno de Bolivia presentó el Programa Nacional de Titulación Masiva, una iniciativa dirigida a regularizar la propiedad de miles de viviendas a través del portal www.pntv.oopp.gob.bo.
El presidente, Rodrigo Paz, subrayó la importancia de este proyecto, destacando que "se busca impulsar una ciudad organizada, donde se respeten las normas y se propicie la inversión".
Fase inicial del programa y objetivos claros.
La primera fase del programa se enfocará en la gestión de 30.832 propiedades que requieren un ordenamiento legal, intentando solucionar el rezago de antiguos planes habitacionales, como FONVIS y los Consejos de Vivienda.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Bellott, comunicó que el sistema digital habilitará la carga de documentos y el seguimiento del trámite, y se espera que los beneficiarios reciban la minuta de transferencia de su inmueble en un tiempo estimado de 15 días.
Durante la presentación, Adela Mujica fue la primera ciudadana en recibir su minuta, después de haber aguardado por más de 30 años por la formalización de su propiedad. Este evento contó con la participación de vecinos y autoridades locales.
Devolución de aportes y cobertura geográfica.
El programa también contempla la devolución de aportes a aquellos que contribuyeron a sistemas de vivienda sin haber recibido beneficios. Según cifras oficiales, más de 70 mil personas serían elegibles para recuperar un monto que supera los Bs. 37 millones.
En cuanto a la cobertura, se priorizarán los municipios de Santa Cruz, con un total de 12.529 propiedades en la capital cruceña, así como en Warnes, La Guardia, Puerto Suárez, Montero, Camiri y Puerto Quijarro. En La Paz, destacan El Alto con 8.649 inmuebles y la sede de gobierno con 1.532.
Otras regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí también recibirán atención, con una distribución de propiedades a regularizar que abarca municipios como Trinidad, Tarija y Chuquisaca, entre otros.
El objetivo de esta regularización es brindar una seguridad jurídica a las familias, minimizando conflictos legales y facilitando el acceso a servicios financieros. Las autoridades enfatizan que esta estrategia es clave para fomentar un desarrollo urbano sostenible en el país.