El Fiscal General, Roger Mariaca, anunció que la investigación contra Fernando Cerimedo ha sido ampliada debido a nuevos indicios que lo vinculan con una red de irregularidades económicas y administrativas. Cerimedo, quien era asesor, se encuentra actualmente en la cárcel de Chonchocoro tras haber sido trasladado desde Palmasola en Santa Cruz.
La detención preventiva de 180 días fue determinada mientras el Ministerio Público examina diversas nuevas imputaciones. Inicialmente, la investigación se centraba en el enriquecimiento ilícito, pero ha evolucionado hacia un complejo esquema de corrupción administrativa.
Mariaca indicó que Cerimedo habría ejercido funciones públicas sin el correspondiente nombramiento oficial, lo que sugiere un uso indebido de las atribuciones estatales para beneficios personales. Este caso se remonta a un incidente de violencia de género que reveló una supuesta estructura corrupta en el gobierno.
El exasesor enfrenta cargos adicionales por tentativa de feminicidio y violencia familiar, tras la denuncia de su expareja, la abogada Nadia Beller, quien ha afirmado que Cerimedo lideraba una red de corrupción respaldada por el presidente Rodrigo Paz. A pesar de los intentos del gobierno por restar importancia a su papel, la información en redes sociales contradice sus afirmaciones.
La situación se complica aún más para Cerimedo con un tercer caso abierto en Beni, donde se investiga el tráfico de sustancias controladas y otros delitos. Este nuevo expediente aumenta la presión sobre su defensa y sugiere conexiones con estructuras delictivas más amplias, más allá de la corrupción administrativa.
Con tres procesos penales activos en distintas jurisdicciones, Cerimedo enfrenta una delicada situación legal que incluye desde delitos de corrupción hasta crimen organizado. La acumulación de estos casos pone en duda la credibilidad institucional del gobierno y resalta la fragilidad de su posición ante la justicia.