El mandatario Rodrigo Paz ha decidido no confirmar ni desmentir los audios presentados por el vicepresidente Edmand Lara, que supuestamente capturan conversaciones entre él y el exasesor argentino Fernando Cerimedo. En este contexto, Paz enfatizó que corresponde a la Justicia, a través de una pericia técnica, determinar la veracidad de las grabaciones.
Al ser consultado sobre los audios, el presidente expresó: "Dejemos a la Justicia que actúe, dejemos que haga su trabajo". También añadió que, durante el período electoral, se divulgó una serie de grabaciones que buscaban desprestigiarlo, y por ello no tomará decisiones basadas en material cuya autenticidad no ha sido confirmada.
Entre los audios revelados por Lara, uno de ellos presenta a Paz y Cerimedo discutiendo sobre la implementación del estado de excepción que se decretó el 20 de junio, tras varias semanas de bloqueos. En este audio, se menciona la intención de elaborar una "narrativa" para justificar la medida y se hace referencia a la focalización de acciones en regiones específicas, entre ellas el Chapare. Lara ha indicado que este material será enviado al Ministerio Público para su análisis.
La controversia se complica aún más por otro audio previamente difundido por Lara, donde se involucra a María Elena "Bibi" Urquidi, la esposa de Paz, y Cerimedo. En esta grabación, se aborda la salida del anterior comandante de la Policía, Mirko Sokol, y se mencionan a otras autoridades. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ha cuestionado la autenticidad de las voces en la grabación, lo que añade incertidumbre al asunto.
Con esta postura, Paz busca mantenerse al margen de la controversia política que rodea los audios. Mientras Lara argumenta que la confirmación de la autenticidad de las grabaciones revelaría una influencia más significativa de Cerimedo en el gobierno de la que se ha admitido públicamente, el presidente insiste en que es crucial que se realice una verificación técnica primero.
Por lo tanto, el destino de este caso queda en manos de una pericia técnica. Hasta que no se clarifique quiénes son los oradores, cuándo se realizaron las grabaciones y si el contenido ha sido alterado, estos audios no pueden ser considerados como evidencia concluyente para las acusaciones que se desprenden de su contenido.