A medida que diversos sectores como productores y transportistas se movilizan en contra del Decreto Supremo 5676, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, parece adoptar una postura ambigua. Aunque ha manifestado su preocupación por el impacto económico de esta normativa, su falta de acción decisiva frente a las crecientes protestas ha despertado críticas.
Ayllón reconoció el pasado 25 de agosto que el costo de Bs 18 por litro de diésel es insostenible y apoyó la solicitud de derogación del decreto. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones en curso, su presencia en la defensa de los pobladores ha sido prácticamente nula, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su compromiso.
El 2 de septiembre, se registraron bloqueos en varias localidades como Yapacaní y San Julián, y la policía desplegó contingentes antimotines para disuadir las protestas. Mientras tanto, diferentes sectores continúan organizando nuevas movilizaciones en rechazo a las políticas del Gobierno central.
Ayllón ha optado por buscar una solución a través de canales institucionales y convocó a una reunión de gobernadores para el 10 de septiembre. En este encuentro pretende establecer una postura unificada para solicitar al Gobierno que reconsidere el decreto. Sin embargo, surge la duda de si esta estrategia será suficiente ante el descontento popular que ya se manifiesta en las calles.
Este no es el primer enfrentamiento de Ayllón con la crisis en Chuquisaca. En junio, logró negociar con los movilizados y levantar bloqueos. Sin embargo, su enfoque ha cambiado ante la actual crisis nacional, mostrando un discurso más conciliador que en ocasiones anteriores.
El dilema ahora es claro: Ayllón se declara defensor de los intereses de Chuquisaca y critica el precio del diésel, pero su reticencia a confrontar al Gobierno de Rodrigo Paz plantea interrogantes sobre su verdadera postura ante la crisis que afecta a la población.