En una rueda de prensa, José Luis Gálvez, vocero presidencial, expuso que el Gobierno ha decidido mantener el Decreto Supremo 5676, aunque se están evaluando mejoras y posibles medidas adicionales para enfrentar los desafíos del mercado de combustibles.
Gálvez argumentó que la derogación de este decreto no resolvería los problemas de abastecimiento y podría llevar a un precio unitario de Bs 9,80 para todos los sectores, lo cual sería insostenible.
El vocero subrayó que no se puede adquirir combustible a 18 bolivianos y luego venderlo a 9,80, ya que eso afectaría gravemente a sectores como la educación y la salud.
Gálvez mencionó que el Gobierno ha estado trabajando en conjunto con varias organizaciones en diferentes regiones del país para escuchar sus propuestas y encontrar soluciones efectivas.
La prioridad del Ejecutivo es asegurar el abastecimiento de combustibles para los sectores productivos y de transporte, mientras se busca un equilibrio en el mercado que proteja a las poblaciones más vulnerables.
"Lo que importa ante todo es que haya combustible, que tengamos con qué trabajar".
Finalmente, el vocero enfatizó que cualquier decisión que se tome respecto a nuevas medidas debe ser cuidadosa y priorizar el bienestar de los ciudadanos más débiles, cumpliendo de esta forma con el deber del Gobierno.