El Consejo Permanente de la OEA se reunirá el jueves 3 de septiembre para discutir un informe sobre la crisis política y social que afectó a Bolivia durante un conflicto de 53 días, marcado por múltiples bloqueos que impactaron la Red Vial Fundamental del país.
Las movilizaciones que generaron esta situación se llevaron a cabo entre mayo y junio e involucraron a diferentes sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos de La Paz y grupos afines al evismo. Las demandas de los manifestantes incluyeron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El impacto económico de los bloqueos fue devastador. De acuerdo con cifras del Gobierno, las pérdidas durante este período ascendieron a más de Bs 14.000 millones. Además, representantes del sector industrial informaron pérdidas que superan los $us 3.000 millones, afectando a más de 13.000 industrias y a alrededor de 150.000 trabajadores.
En medio de la crisis, la OEA condenó los bloqueos que obstaculizaban el transporte de productos esenciales, como combustible y medicamentos. Sin embargo, también abogó por el respeto al derecho a la protesta pacífica y fomentó el diálogo entre las partes en conflicto.
Con el informe de la misión ahora a consideración del máximo órgano político de la OEA, el evento trasciende el ámbito local y se convierte en un tema de discusión regional. Las conclusiones de esta evaluación podrían influir en la percepción internacional sobre la inestabilidad política, económica y social que ha atravesado Bolivia.
La OEA ha subrayado la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica mientras se busca una solución dialogada a las diferencias.