La Unión Europea ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en cuanto a lavado de dinero, según lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83 de la Comisión Europea. Esta decisión implica un régimen de vigilancia más estricto para las transacciones financieras que involucren a entidades europeas.
Aunque Bruselas ha reconocido que Bolivia ha hecho progresos en algunas áreas, como la comprensión de los riesgos financieros y la capacidad de decomiso, las acciones tomadas aún no son suficientes para abordar las deficiencias identificadas. Desde junio de 2025, el país también está bajo supervisión reforzada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La nueva categorización no implica sanciones económicas ni bloqueos comerciales, pero sí complicará el panorama para las operaciones financieras. Las entidades bancarias y financieras europeas deberán implementar controles más rigurosos, lo que podría resultar en procesos más largos y costosos para empresas e inversionistas.
Para que Bolivia sea retirada de esta lista, deberá implementar diversas reformas solicitadas por la UE y el GAFI. Entre las acciones requeridas se incluyen: fortalecer las investigaciones y sanciones relacionadas con el lavado de dinero, mejorar la supervisión de sectores de alto riesgo y asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre los beneficiarios finales de las empresas.
En el contexto de una economía afectada, con escasez de divisas y retos en la atracción de inversiones, esta nueva clasificación representa una señal negativa para Bolivia. Ahora surge la preocupación sobre cómo esta etiqueta influirá en la confianza internacional y en los costos asociados a las operaciones comerciales en el país.