Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), comunicó la finalización de un diagnóstico sobre el estado de las empresas estatales, el cual ya ha sido entregado a las autoridades pertinentes para su evaluación.
El estudio, que se realizó conforme a lo establecido en la normativa del presupuesto reformulado, abarca a 67 empresas públicas registradas ante la OFEP, utilizando una metodología internacional adaptada a la situación económica del país.
Camacho aclaró que el informe se considera "confidencial" hasta su aprobación por el Consejo Superior de Empresas Públicas, el cual tiene la potestad de aprobar, rechazar o solicitar modificaciones al documento antes de su divulgación al público.
Durante la entrevista, el director de la OFEP indicó que 20 empresas públicas han sido identificadas en estado crítico. Criticó el uso inadecuado de recursos en proyectos estatales, subrayando la importancia de aprender de estos errores para el futuro del país.
Camacho destacó que muchas de las empresas analizadas enfrentan problemas como la falta de estudios de preinversión, la carencia de derechos propietarios consolidados y la incapacidad para operar de manera sostenible.
El director de la OFEP mencionó que algunas de estas entidades fueron creadas bajo estructuras cuestionables, como una empresa que depende de un único cliente para su funcionamiento.
Respecto al futuro de las empresas en crisis, Camacho explicó que la Ley de Empresas Públicas brinda varias opciones, que incluyen fusión, disolución y otras medidas, dependiendo de cada evaluación particular.
Además, algunas de estas entidades públicas tienen deudas tributarias que ascienden a aproximadamente Bs 8.100 millones, las cuales no aparecen en sus balances como debería ser, lo que podría generar acciones legales si se comprueban irregularidades.
El informe seguirá su curso administrativo para determinar el futuro de las empresas evaluadas. Camacho advirtió que algunas podrían ser cerradas o reestructuradas, aunque cada caso debe ser considerado cuidadosamente, especialmente cuando se trata de entidades estratégicas para los servicios públicos, como Boliviana de Aviación (BoA) y Mi Teleférico.