El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia debido a su incapacidad para llevar a cabo las órdenes de aprehensión contra Evo Morales. A pesar de que el Gobierno ha mantenido una postura firme, el expresidente Morales continúa resguardado en el Trópico de Cochabamba, protegido por sus simpatizantes, a pesar de las órdenes judiciales existentes en su contra.
La situación ha generado un creciente número de críticas hacia Justiniano, quien en junio había afirmado que Morales tendría que enfrentar a la justicia y que se debían establecer responsabilidades por los bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días. Sin embargo, con el tiempo, el objetivo principal del Gobierno sigue sin concretarse, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las acciones del ministro.
El Gobierno incluso elaboró un plan de intervención en el Trópico junto a altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero Morales continúa en su bastión. Esto ha creado un contraste marcado entre las promesas del ministro y los resultados reales, lo que pone en duda su capacidad para liderar el área de Defensa.
A su vez, Morales ha denunciado en agosto un supuesto operativo en su contra, acusación que fue desmentida por Justiniano, quien la calificó de infundada. El ministro, no obstante, reconoció que hay órdenes de aprehensión que deben cumplir con la ley y la Constitución. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas permanecen en estado de excepción ante la situación, y el exmandatario sigue en su refugio.
El desafío es claro para Justiniano: demostrar que la estrategia de defensa no se limita únicamente a anuncios y movilizaciones militares, sino que se traduce en resultados tangibles. La permanencia de Morales en el Trópico representa una prueba crucial para el ministro y para la capacidad del Gobierno de implementar sus decisiones de manera efectiva.