El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz ha realizado una solicitud formal a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para obtener información acerca de las autorizaciones y derechos mineros en áreas donde se han detectado posibles irregularidades. Esta acción es parte de los esfuerzos para combatir la minería ilegal en la región.
La petición fue discutida en una reunión entre Gabriel Pari, secretario departamental de la Madre Tierra, y Jaime Sanabria, director ejecutivo de la AJAM. Durante el encuentro, se examinaron las actividades mineras reportadas en diferentes puntos del departamento, enfatizando la importancia de la fiscalización adecuada.
Pari destacó la urgencia de determinar si las actividades mineras en las zonas bajo investigación cuentan con las debidas autorizaciones de la AJAM y si estas han sido emitidas de acuerdo con la legislación vigente. La gobernación requiere documentación oficial para poder llevar a cabo acciones de supervisión efectivas.
Uno de los casos más relevantes que se mencionó en la reunión es la explotación minera en las cercanías del refugio de vida silvestre Senda Verde. Pari expresó su preocupación por la falta de respuestas a las solicitudes previas y solicitó específicamente un informe sobre las actividades mineras en esa área, enfatizando que sin la información necesaria, las acciones de fiscalización son inviables.
El director de la AJAM se comprometió a proporcionar respuestas a las solicitudes de información en un plazo de 48 horas. Además, se acordó realizar una inspección en el río Boopi, en el municipio de La Asunta, para verificar la posible existencia de minería ilegal y la operación de empresas que podrían estar actuando fuera del marco legal.
Este operativo de inspección contará con la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, entre otros. La fecha y la hora de la verificación serán comunicadas por la AJAM para coordinar la participación de todas las partes implicadas.
La gobernación sostiene que el acceso a información oficial sobre las autorizaciones y derechos mineros es fundamental para establecer responsabilidades y tomar las medidas adecuadas frente a actividades posiblemente irregulares. Esta coordinación interinstitucional busca asegurar el cumplimiento de la normativa minera y proteger el medio ambiente en el departamento de La Paz.