El viceministro de Transparencia, Yamil García, dio a conocer que se ha detectado un daño económico preliminar de más de Bs 870 millones en la Planta de Biodiésel N.º 1 de YPFB, a raíz de un análisis de contratos de provisión de materia prima.
La indagación se centra en dos contratos adjudicados al mismo proveedor para el suministro de aceite crudo de soya, cuyo monto total asciende a aproximadamente Bs 1.057 millones. La denuncia sostiene que el abastecedor no ha cumplido con las obligaciones establecidas en los acuerdos.
Falta de garantías y modificaciones sospechosas
García subrayó que YPFB carecía de las garantías adecuadas que permiten al Estado recuperar fondos en caso de incumplimiento. Normalmente, se requieren dos tipos de garantías: una de cumplimiento de contrato del 7% del monto y otra por el anticipo otorgado al proveedor.
No obstante, las condiciones de este caso fueron diferentes. Una modificación aprobada por el directorio de YPFB Refinación eliminó la exigencia de la garantía por el uso correcto del anticipo y permitió que contratos mayores a Bs 1 millón pudieran sustituir la garantía de cumplimiento por una retención.
Los funcionarios involucrados en estas decisiones están siendo considerados corresponsables dentro de la investigación, lo cual podría llevar a repercusiones legales.
El caso ya había sido denunciado anteriormente por presuntos sobreprecios, pero el reciente informe amplía el análisis al estudio de los contratos y las condiciones en que fueron otorgados. La investigación continuará para determinar las responsabilidades y el impacto total de este escándalo económico.